El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la ciudad de Barranquilla llamó a incidente de reparación integral a la conocida empresa de seguridad de la ciudad “V.P. Global” por solicitud de la víctima de uno de los hurtos de la banda de “Los Rapiña”. 

Según fue reconocido en la sentencia condenatoria, el líder de esa banda trabajaba para esta empresa de seguridad encargada de custodiar su vivienda, aseguró el apoderado de víctimas, Mauricio Pava Lugo.

Afirmó que tras una ardua labor investigativa de la Fiscalía Seccional del Atlántico, que inició con la denuncia del hurto a la residencia de un exdirector de Medicina Legal ubicada en el norte de Barranquilla, se demostró que el delito fue cometido por el propio guardia de seguridad del edificio. 

Se trata de Jorge Navarro Manga, contratado por la empresa de seguridad “V.P. Global” para custodiar la propiedad horizontal. Desde dicha posición, Navarro Manga lideró el hurto por el cual fue condenado en octubre de 2019 a 96 meses de prisión, sin beneficios ni subrogados penales, indicó Pava Lugo.

Por estos hechos, la víctima considera que asiste responsabilidad civil a la empresa de seguridad y a sus administradores como personas naturales, quienes deberá responder por los daños ocasionados por uno de sus trabajadores, precisamente, a quien estaban en la obligación de proteger. 

Según explicó Mauricio Pava Lugo, apoderado de víctimas en el proceso, “es lógico pensar que, si el hurto fuera cometido por un tercero, la empresa encargada de brindar seguridad debería ser llamada a responder. Pero, cuando el hurto fue cometido por un miembro de esa misma empresa, no cabe la menor duda acerca de su responsabilidad”.

Por eso, con una demanda de más de $400 millones buscan obtener la reparación integral a su cliente por los perjuicios materiales y morales del hurto a su residencia familiar.

La audiencia se celebrará el próximo lunes 8 de junio y se llevará a cabo acudiendo a los medios virtuales según las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. 

En esta diligencia, la víctima presentará su pretensión y se convocará a una conciliación para depurar el proceso y evitar así congestionar a la administración de justicia. 

De fracasar la conciliación, el Juzgado deberá resolver de fondo sobre la responsabilidad de “V.P. Global”, como empresa, y de sus administradores, como personas naturales, por los hechos objeto de condena penal.